Reunidos/as en Internet Servicio Social diversas asociaciones de usuarios junto con organizaciones sociales y políticas (entre ellas Identidad) emitió una declaración frente al amparo que logró Telecom contra el DNU 690 que declaró servicio público a Internet.
Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos.
En pleno agravamiento de la pandemia tenemos que estar pensando si nos alcanza para pagar internet o pagar el teléfono. La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los consumidores de sus servicios esenciales.
Para usuarios y usuarias de los servicios TICs el acceso y permanencia a Internet, Telefonía Celular y TV por suscripción son un derecho y no un privilegio.
Las empresas anunciaron aumentos del 8% para mayo y 7% en junio, sumado a lo que ya recibieron en el primer trimestre sería un 30% de incremento; desconociendo que el DNU 690/2020 con ratificación del Congreso está vigente y que el precio de los servicios de telefonía, cable e internet lo regula el Estado y no las empresas privadas en conjunto con jueces afines.
Sumamos esfuerzos para que se apliquen las sanciones estipuladas en el decreto presidencial por incumplimientos regulatorios.
No alcanza con cobrarles multas, hay que quitarles la pauta publicitaría y las licencias para dar estos servicios, los cuales ellos desconocen como esenciales para el pueblo argentino.
Es urgente la implementación para más de 3 millones de compatriotas de la prestación básica universal consagrada por el DNU 690/20 ratificado por el Congreso. No es posible que las familias deriven el 15% de la asignación universal por hijo para recargar el teléfono celular. Telefónica y Telecom en los últimos 25 años llevaron divisas a sus empresas de origen equivales a el oro que sacaron del cerro rico de Potosí.
Es hora de frenar este saqueo y desarrollar una empresa pública que opere la infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país. El modelo constituido luego de la privatización de ENTEL llego a su fin. Es necesario una política pública que integre una red pública que brinde servicios de calidad con sensibilidad social y compromiso con el país.
La patria cautelar, conformada por algunos sectores de la justicia que con un ojo miran los intereses económicos y políticos de las empresas y con el otro son ciegos para la defensa de los intereses de los que menos tienen, hoy desconocen que en el 2019 el pueblo se manifiesto mayoritariamente.