La población trans en Argentina -y la región- tiene un promedio de vida de la mitad de la media de la población general. A una edad aproximada de 10 años, las personas trans son expulsadas de sus hogares, del sistema educativo y expuestas a la violencia institucional en todos los ámbitos de su vida. Los avances de los últimos años no han logrado todavía revertir décadas de esta violencia.
Había que dar un primer paso para transformar esa realidad y revertirla para siempre. Este primer paso era reconocer desde el Estado, la identidad de las personas trans. En el país, producto de la apropiación de bebés durante la última dictadura, había doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a la identidad. “El derecho a ser uno mismo y no otro”, así definía Bidart Campos este derecho.
Había leyes de Identidad de Género en muchos países del mundo. Pero estas tenían algunas características que limitaban ese reconocimiento o profundizaban la vulneración de los derechos de las personas trans. La ley argentina tenía que ser una ley que no las patologizara. En todas las leyes que existían hasta el momento, se requerían diagnósticos médicos, psiquiátricos o psicológicos para poder acceder a los cambios registrales y/o a los tratamientos y cirugías “de reasignación sexual”. Nosotres considerábamos que esto era un derecho que debía depender de la sola manifestación de voluntad de la persona. En definitiva, si el derecho a la identidad era el derecho a ser “uno mismo y no otro”, quién más que cada une para determinar su propia identidad.
Queríamos una ley que incluya a niñes y adolescentes. La identidad de sexo/género surge a muy temprana edad. Es en la niñez donde las personas trans son más vulnerables a las múltiples violencias que la sociedad y las instituciones ejercen sobre ellas. Necesitábamos garantizar el reconocimiento de la identidad de género desde la niñez para generar un mecanismo de protección hacia les niñes trans en todos los ámbitos en los que se desarrollan.
Queríamos una ley que reconozca el derecho pero no la obligación del cambio registral, garantizando el derecho al trato digno para todas las personas trans, especialmente les niñes. Tenía que ser una ley que estableciera que los cambios registrales eran confidenciales, inmovilizando las partidas originales y protegiendo a las personas trans del estigma y la discriminación.
Queríamos una ley que incluya a las personas migrantes porque, como dice el decreto reglamentario de la ley actual, que los países de origen no reconozcan un derecho tan importante como el de la identidad de género de las personas, no puede ser la excusa para que Argentina tampoco se los reconozca.
Y la Ley de Identidad de Género fue todo lo que queríamos. La primera en el mundo en no patologizar a las identidades, incluir a niñes y adolescentes, garantizar el trato digno y la confidencialidad y contemplar a las personas migrantes dentro de los derechos que garantiza. La Ley de Identidad de Género fue una de las tantas leyes de máxima de la década ganada, de un gobierno nacional y popular que supo escuchar a las organizaciones y responder a las necesidades que expresaban. Porque, como decía Evita, ahí donde existe una necesidad, nace un derecho.
Esa ley fue la puerta de acceso para el reconocimiento a todos los derechos, pero todavía hay mucho por hacer para revertir la situación de extrema exclusión y violencia que todavía viven las personas trans en nuestro país y la región. Fueron décadas de violencia que requieren acciones afirmativas de parte del Estado para transformar para siempre esa realidad. Por eso proponemos la LEY INTEGRAL TRANS. Una propuesta con políticas públicas para todos los ámbitos de la vida de las personas trans, en todas sus edades, que garantice políticas concretas de acceso a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y también un resarcimiento por todos los años de violencia que padecieron y una asignación para garantizar su subsistencia.
Hoy queremos una Ley Integral para un grupo de personas que ya ha recibido mucha violencia social e institucional. Les debemos una reparación por todos esos años de violencia y un Estado presente que resuelva todo lo que esa violencia ha generado en sus vidas. Un gobierno nacional y popular debe dar una respuesta integral a sus necesidades, y no retazos de derechos cuyo reconocimiento puede ser muy justo y necesario pero que ante una realidad como esta, sigue siendo insuficiente.
Celebramos hoy lo conquistado en aquella década, y esperamos muy pronto se debata y sancione la Ley Integral Trans en el Congreso de la Nación. Si no, como dijo Cristina, no le estaremos “haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza”.
Maria Rachid – Mesa ejecutiva de Identidad
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