Queremos expresar nuestra profunda preocupación y repudio a los proyectos presentados por el candidato de Juntos por el Cambio José Luis Espert, donde pide excluir a diputados de izquierda de la Cámara de Diputados, por apoyar las manifestaciones populares en Jujuy.
Sinceramente, este tipo de iniciativas reaccionarias atentan contra nuestro régimen democrático basado en la pluralidad de voces y su representación legislativa, y las inmunidades parlamentarias consagradas en la Constitución. No sólo no hay ningún delito probado de los que dice Espert, sino que sí hay manifestaciones contundentes de organismos públicos nacionales e internacionales sobre lo sucedido: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reclamó que “Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy”; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió a la justicia que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales, en la feroz represión contra manifestantes; la Cámara de casación federal le ordenó a la justicia federal de Jujuy que intervenga en la protección de los pueblos indígenas y les manifestantes que ejercen su derecho a la protesta sobre las rutas jujeñas; y el Colegio de abogados y procuradores de Jujuy denunció que a decenas de profesionales se les obstaculiza ejercer las defensas de los/as detenidos en esa provincia, por mencionar a algunos de tantos.
Con su conducta, resulta evidente que Espert no quiere quedarse atrás en la carrera electoral y pretende subir la vara fascista ya fijada por Morales y Larreta, vaciando el parlamento para llevarse puestos no sólo los derechos de comunidades originarias sino el derecho constitucional y convencional a la protesta, y a los derechos de expresión, reunión y petición, fundamentales para nuestro Estado de Derecho. Sus proyectos de exclusión de diputados críticos a sus aliados políticos, se emparentan con su histórica criminalización de la protesta social, exigiendo al Poder Judicial y a las policías una solución que debe provenir del poder político y ser materializado con políticas públicas.
Seguimos acompañando al pueblo jujeño en su legítimo reclamo contra la reforma constitucional, aunque Morales y Espert no lo entiendan e insistan en una reforma parcial de la Constitución Provincial en la que se desconocen los derechos ambientales y de las comunidades originarias, lo que constituye un acto racista.
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