Si consultáramos un diccionario, encontraríamos la definición de racismo que es sumamente clara: “Ideología que defiende la superioridad de un grupo étnico frente a los demás y justifica su explotación económica, la segregación social o la destrucción física”. Si esto lo aplicamos mirando la actualidad jujeña, vemos como consecuencia de estos resabios racistas un claro proyecto en ese tenor y la aprobación de una constitución reformada donde se desconoce absolutamente la preexistencia y los derechos de las comunidades originarias de nuestra provincia, lo confirma.
Obviamente no se habla de esto, pero justamente el silencio y la falta de mención y participación de estos pueblos implica una segregación como dice la definición, y significa además la desaparición de nuestros ancestros y dueños de estas tierras.
Entonces, con esta mirada más clara y real, vemos que la nueva constitución es inconstitucional, y no es un juego de palabras. La nueva constitución provincial va en contra de los principios de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que allí mismo se reconocen como nuestra ley máxima.
Si hacemos un repaso encontramos el art. artículo 75, inciso 22, y en el inciso 17 de la CN; la ley 24071 que aprueba como legislación propia al Convenio 169 de la OIT. En el orden interno nacional, se ha trabajado intensamente en el reconocimiento de las comunidades y sus derechos, así se sanciona la ley 26160 sobre tierras indígenas, lo mismo en la ley que reforma al Código civil y comercial de la Nación, la ley 26331 sobre presupuestos ambientales en la cual se menciona y tiene en cuenta a los pueblos originarios. Y estas son sólo una muestra de todo el trabajo que durante décadas se ha llevado a cabo y que parece que los convencionales jujeños están desconociendo por completo.
Por eso hablamos de racismo, porque la falta de mención, de convocatoria a un diálogo amplio, implican el desconocimiento de estos pueblos que no solo existen, sino que tienen derecho a participar en esta reforma que los involucra directamente en lo referente a sus tierras y sus recursos naturales.
Estas son razones suficientes para que las comunidades entiendan que se está sancionando una reforma que va contra todos los derechos reconocidos para la sociedad en general y en particular con nuestras hermanas y hermanos originarios.
Walter Soriano – Identidad Jujuy
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